Si Mariano Rajoy resulta investido el próximo 16 de diciembre, fecha aproximada para la votación del nuevo presidente en el Congreso de los Diputados, su Gobierno deberá tomar en dos semanas trepidantes algunas decisiones impopulares, otras populistas, y todas ellas trascendentes para el futuro económico de España.
El nuevo Ejecutivo tendrá que definir la cuantía de la subida de las pensiones —similar al IPC, según el compromiso del PP— y el sueldo de 3,1 millones de funcionarios de todas las administraciones públicas (que bajó un 5% de media en 2010 y se congeló en 2011). Lo deberá hacer mediante un decreto ley de prórroga de presupuestos, un texto básico donde puede concretar otras cuestiones que dependen de la voluntad del nuevo Ejecutivo.
» Presupuesto y recortes. El primer trimestre de 2012 lo tendrá el Gobierno para perfilar los presupuestos generales del Estado, donde deberán ir asuntos mayores. El primero, trascendental y especialmente sensible consiste en cómo recortar 16.000 millones de euros de gastos (porque los ingresos no parece que vayan a subir por la vía de la reforma fiscal prometida) para cumplir con el 4,4% de déficit comprometido a finales de 2012 sin que afecte a la educación y la sanidad.
Son 16.000 millones de euros si el déficit a finales de 2011 no supera el 6% previsto. Cada punto de desviación son 10.000 millones de euros, más de tijeretazo al gasto público. El PP quiere suprimir organismos autónomos que cree inútiles en la administración y despedir a empleados de empresas públicas, aunque no se sabe a cuántos. Esto también llegará en los primeros días de Gobierno.
» Financiación autonómica. El Gobierno debe decidir la cuantía de las entregas a cuenta a las comunidades del primer trimestre de 2012 para que los Gobiernos regionales (11 de los 17 son del PP) sepan a qué atenerse. También deberán aclarar las previsiones de ingresos del Estado para 2012, vital para que las autonomías cuadren sus presupuestos.
» Reforma laboral. El PP considera urgente una reforma laboral para incentivar la creación de empleo. Aunque no ofreció grandes detalles durante la campaña, Rajoy prepara una normativa que reduzca el número de contratos y flexibilice la negociación colectiva, de manera que las empresas puedan establecer sus propios acuerdos con los trabajadores sin que prevalezca sobre los mismos el convenio del sector.
» Ayuda de 400 euros a parados. Prórroga o no. Antes de que se aprueben los presupuestos de 2012, Rajoy deberá decidir si prorroga la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos que agotaron su prestación reglamentaria. Zapatero lo hizo el pasado 16 de agosto por seis meses, que concluyen el 15 de febrero de 2012. Unos 200.000 desempleados se benefician de la ayuda. Rajoy, en la entrevista con EL PAÍS, señaló: “Yo creo que las prestaciones por desempleo van a bajar, pero no porque la gente deje de cobrar el desempleo, sino porque va a haber menos personas con derecho a cobrar el desempleo”.
» Inversiones y obras públicas. En las cuentas públicas de 2012, probablemente las más difíciles que ha tenido un Gobierno español en los últimos años, Rajoy deberá definir su apuesta por las infraestructuras. En la entrevista a EL PAÍS, señaló: “A lo mejor habrá que hacer menos obras públicas, dar prioridad a terminar las que ya están en marcha”.
» Nuevo fiscal general del Estado: decisiones sobre Camps, Garzón, Blanco y Urdangarin. En el terreno judicial, el nuevo Gobierno deberá nombrar en sus primeros consejos de ministros al Fiscal General del Estado, que tendrá en su agenda temas delicados que están pendientes de juicio y donde la Fiscalía adoptó una postura que ahora, con nuevo jefe, podría cambiar.
Es el caso del procesamiento de Baltasar Garzón, donde la fiscalía del Supremo se ha opuesto a las iniciativas de los magistrados y pide la absolución del juez en el caso de las escuchas del caso Gürtel.
En relación con la trama de corrupción masiva vinculada al PP, todavía sigue instruyéndose en tres tribunales superiores de Justicia (Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid) con significados dirigentes del PP imputados. Uno de ellos, ex presidente valenciano y diputado autonómico, se sentará en el banquillo en unas semanas y la fiscalía le acusaba de cohecho impropio.
También está pendiente la actuación de la fiscalía en una derivada del caso Palma Arena, donde tras meses de investigación, los representantes del ministerio público ya han escrito en un informe que ha recogido el juez en sus últimos autos que Iñaki Urdangarin, duque de Palma y yerno del Rey, se apropió de fondos públicos a través de una trama societaria que se aprovechó de dos contratos suscritos por una fundación sin ánimo de lucro con el Gobierno balear de Jaume Matas (PP) para celebrar congresos sobre turismo y deporte. La Fiscalía del Supremo también debe pronunciarse sobre si procede o no abrir una investigación judicial al ministro de Fomento, José Blanco, por la denuncia de un empresario corrupto sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales.
» Renovación del Tribunal Constitucional. El Congreso no hizo los deberes y cuatro magistrados del Constitucional siguen en sus puestos aunque su mandato caducó hace un año porque PP y PSOE no se pusieron de acuerdo sobre los sustitutos, que deben ser nombrados con una mayoría de tres quintos (210 diputados). Esa renovación podría dar lugar a una nueva batalla por la presidencia del Constitucional, crucial en votaciones donde se da un empate. Ahora, mandan con mayoría absoluta los magistrados elegidos a propuesta del PP.
El Constitucional tiene que decidir en los próximos meses algunos asuntos especialmente sensibles. Por un lado, determinará si legaliza a Sortu, la nueva formación promovida por Batasuna. De otro, resolverá los 28 recursos, de los que 24 corresponden a presos de ETA, contra la doctrina Parot que prolonga su estancia en la cárcel. Además, tiene pendiente el Alto Tribunal el recurso del PP contra la ley que regula el matrimonio homosexual, que Rajoy todavía no ha aclarado si acatará o, en caso de que los magistrados avalen la constitucionalidad del texto socialista, impulsará su reforma para que la unión de dos hombres o dos mujeres no se llame matrimonio.
