Expedientados y suspendidos tres meses los dos máximos jefes de AUGC por el acto de Madrid
El director general de la Guardia Civil y la Policía, Joan Mesquida, decidió ayer actuar de forma contundente para evitar nuevos actos como el del pasado sábado en la Plaza Mayor de Madrid, en el que más de mil agentes del Instituto Armado, según datos del Servicio de Información del Cuerpo, se concentraron de uniforme, pidieron la desmilitarización de la Benemérita y gritaron a pleno pulmón ??Zapatero, embustero!?. Por este episodio, Mesquida, siguiendo el criterio de la cúpula militar de su departamento, ha abierto un expediente por falta muy grave a Joan Miquel Perpinyá -lleva de baja dos meses por ?depresión?- y Juan Antonio Delgado, secretario general y portavoz, respectivamente, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que convocó la protesta. Además, el director general, como medida cautelar y ante las especiales circunstancias del caso, decidió suspenderles de empleo durante tres meses.
Según fuentes solventes consultadas por ABC, estas dos personas no serán las únicas que reciban esta sanción ejemplar: ?Todos aquellos responsables de la junta nacional de AUGC que estén en activo tendrán el mismo tratamiento?, dijeron las fuentes. ?Al resto de convocantes -a?adieron- no se les puede sancionar porque algunos están retirados e incluso entre los presentes había alguno de uniforme que está expulsado de la Guardia Civil, o suboficiales jubilados que ni siquiera lucían sus galones?. A lo que ha renunciado la Dirección General es a expedientar a todos los que asistieron, que están perfectamente identificados. ?Sólo se tomaría esa medida si continúan este tipo de actos?, dijeron las fuentes. ?En estos asuntos hay que modular muy bien las respuestas?.
En la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil no sólo preocupó el que más de mil agentes de Benemérita se concentraran uniformados, sino que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en un intento frustrado de ?salvar sólo la imagen del Gobierno?, llegara a afirmar que no veía ningún tipo de ?ilegalidad? en que guardias civiles vestidos de uniforme, pese a lo estipulado en el régimen disciplinario del Cuerpo, insultaran al presidente del Gobierno al grito de ??Zapatero, embustero!?.
El malestar que las palabras del ministro provocaron en mandos de la Guardia Civil y del Ejército le indujeron, al día siguiente, a rectificarlas con esta afirmación: ?No vamos a tolerar ningún acto de indisciplina?. Y es que los militares, según las fuentes consultadas por ABC, advirtieron al titular de Defensa de este grave precedente, que consideran el segundo caso de indisciplina, por el número de seguidores, después del 23-F, salvando las lógicas distancias. Todas las recomendaciones dadas por los militares a su mando político iban en el sentido de restablecer la legalidad y de que no se podía dejar sin sanción un acto de desobediencia de estas caracteríticas por el riesgo de que pueda repetirse tanto en la Guardia Civil como en el Ejército. Las fuentes consultadas, pese a agradecer la rectificación de Alonso, le reprochan su primera declaración y más aún por proceder de un ministro de Defensa en el que se une la condición de magistrado.
La apertura de un expediente, que no prejuzga culpabilidad, tiene varias etapas. En primer lugar, se le comunica al afectado y se le dan los nombres del instructor y del secretario, que puede impugar; luego se entra en la fase acopio de pruebas, en la cual se recoge el testimonio del implicado, que en todo momento está asistido por su abogado; a continuación el instructor elabora un pliego de cargos, que es contestado por otro de descargo por el expedientado, en el que puede pedir nuevas pruebas; a la vista de ambos, el instructor decide si es necesario realizar nuevas diligencias, para posteriormente hacer una propuesta de resolución; finalmente, el afectado alega lo que considere oportuno para su defensa y finalmente, con ambos documentos en la mano, es el director general el que resuelve, salvo en el caso que crea que procede que se aparte de servicio al implicado, sanción que sólo puede imponer el ministro.
La fulminante actuación de Mesquida se ha debido, además de al criterio que le han trasladado los generales de la Benemérita, a que la AUGC ha actuado ?de una forma torticera. A la Delegación del Gobierno no le comunicó que se trataba de una manifestación de guardias civiles de uniforme, porque sabía que por ley lo hubieran tenido que prohibir. Además, utilizaron ?sms? para pedir a sus asociados que fueran de uniforme?.
La AUGC cuenta con el apoyo del SUP, sindicato mayoritario de la Policía, que considera que la decisión de Interior es ?injusta y desproporcionada?. José Manuel Sánchez Fornet, secretario genereal del SUP, dijo que, en su apoyo a la AUGC, harán ?todo lo necesario? y, en este sentido, afirmó que mantienen su propuesta de manifestarse vestidos de uniforme.
EFE
El jefe de la AUGC, Joan Miquel Perpinyá, y los responsables de la asociación en la manifestación del sábado
