Pues aqui tiene otro frente abierto el se?or Alcalde.
Vecinos de Carabanchel presentan un recurso contra la ampliación de la Zona SER mediante la ordenanza de estacionamiento
Y en el otro frente:
Tras el fallo del TSJM
Los anti-SER apelan a la Justicia para que la sentencia se cumpla
Dicen que el Ayuntamiento recaudó ilegalmente 230 millones de euros
Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 14/10/2009 14:27 horasDisminuye el tama?o del texto Aumenta el tama?o del texto
Colectivos antiparquímetros calcularon que el Ayuntamiento de Madrid se ha embolsado en el periodo de tiempo comprendido entre marzo de 2006 y diciembre de 2008 un total próximo a los 230 millones de euros por una ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) que ha sido declarada nula por dos sentencias judiciales.
Así lo explicó el representante de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas, que detalló que esos 230 millones de euros proceden de los 110 millones recibidos por el Ayuntamiento a través del canon que cobra a las empresas adjudicatarias del servicio, de los 100 en concepto de multas, a razón de 90 euros por cada una de las 1,5 millones interpuestas en las zonas afectadas por la ampliación del SER, y de los 20 millones de las tarjetas de residentes en estos puntos de la capital, una cantidad que surge de los 75 euros que cuesta la tarjeta.
Casas expuso que el cálculo se ha hecho sobre unas bases "conservadoras" teniendo en cuenta únicamente el periodo comprendido entre marzo de 2006, cuando se aprobó el decreto por el que se ampliaba el SER, hasta diciembre de 2008, cuando el equipo de Gobierno introdujo una disposición adicional a una ordenanza fiscal, recurrida por los colectivos antiparquímetros. El a?o 2009, como expuso, está pendiente de resolución judicial.
Acompa?ado por otros representantes vecinales de las zonas afectadas por la ampliación del SER, algunos con careta de 'Ruiz-Vampirón' incluida, y frente a la sede municipal de Hacienda, Pedro Casas, expuso que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es firme y declara el proceso de ampliación de la zona azul acometido en 2006 nulo, esto es, "como si nunca hubiera existido".
"Está fuera de la legalidad todo lo comprendido entre marzo de 2006 y diciembre de 2008, incluidos los contratos con las concesionarias, las multas y las tarjetas de residentes (en las zonas ampliadas)", aseveró.
Por ello animaron a los vecinos a recurrir tanto las multas como el pago de las tarjetas de residentes al sustentarse en "un decreto nulo". Para eso las asociaciones vecinales están dise?ando un modelo de recurso para facilitar el trámite a aquellos interesados.
Los representantes de los colectivos antiparquímetros adelantan que si la sentencia no es acatada por el Ayuntamiento comenzará un periodo de duras movilizaciones. También expusieron que en los próximos días remitirán una carta al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para concertar una entrevista con él.
Lo que le exigirán será la firma de nuevos contratos con las concesionarias, la retirada de los parquímetros, el reintegro a los vecinos de los importes cobrados "indebidamente" ya sea en forma de tarjeta de residente, las sanciones por no tener el ticket de estacionamiento y los de los parquímetros, la compensación por los perjuicios ocasionados a los peque?os comerciantes y la revisión de las condenas impuestas a los vecinos "con motivo de las luchas contra la implantación" del SER.
La sentencia afecta a los barrios Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Atocha y Delicias (Arganzuela), Adelfas y Estrella (Retiro), El Viso, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Prosperidad, Nueva Espa?a y Castilla (Chamartín), Bellas Vistas, Almenara, Valdeacederas y Berruguete (Tetuán), El Pilar, La Paz y casco histórico (Fuencarral), el casco histórico de Hortaleza y los de Carabanchel, tanto Alto como Bajo.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -conocido el pasado viernes aunque fechada en abril- hace referencia al decreto del delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, fechado el 16 de febrero de 2006, por el que se acordaba la ampliación de los límites del SER a las zonas y cascos históricos fuera de la M-30 y a algunos barrios de dentro de este perímetro.
Dos a?os después, el Gobierno municipal presentó un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 26, que anuló la ampliación. Ahora el TSJM falla en favor de los concejales socialistas Óscar Iglesias y Manuel García-Hierro.
La sentencia apelada por el Ayuntamiento, fechada el 23 de septiembre de 2008, declaraba el proceso de ampliación "nulo por no ser conforme a derecho" al entender que tenía que haber sido un Pleno del Ayuntamiento el que estableciera la ampliación de los límites del SER. El mismo razonamiento fue el dado por el TSJM.
El Consistorio trató de legalizar la ampliación a través de una disposición adicional a una ordenanza fiscal el pasado mes de diciembre, por la que ampliaba la zona de aplicación del SER a través de la normativa de la tasa de estacionamiento de vehículos.
Por su parte, el Gobierno municipal ya expuso días atrás que el fallo del TSJM "no tiene trascendencia alguna en su sentido práctico" y "no afecta en absoluto a su funcionamiento" porque habla de "un defecto de forma pero no se cuestiona el servicio".
Apuntaron además que ya acataron la primera sentencia sobre este asunto, la dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 26 en septiembre de 2008, aun no estando de acuerdo con el juez de primera instancia, que dijo que la delimitación del SER se tenía que haber hecho a través de una ordenanza y no por un decreto.
Las mismas fuentes municipales apuntaron que únicamente podrían haber prosperado los recursos contra las sanciones de aquellas personas que los hubieran presentado en el periodo comprendido desde que salió la primera sentencia hasta el pasado mes de diciembre, cuando se aprobó la disposición adicional a la ordenanza fiscal, y siempre que hubieran presentado una argumentación jurídica en base a la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 26.
Los colectivos antiparquímetros consideran que ésta es una interpretación "interesada y no ajustada ni a derecho ni a realidad alguna, a lo que suman la petición de cese del delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, al no ser "la persona adecuada ni para encontrar una solución satisfactoria ni para seguir un día más al frente de dicha área municipal".
